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Monitoreo temporal satelital de los bosques de Córdoba

Legislación Ambiental en materia de bosques nativos en Córdoba

Por Dr. Juan Manuel Rodriguez

La situación de los bosques nativos en la provincia de Córdoba es alarmante. La tasa de deforestación ha sido una de las más altas del mundo y la superficie de bosque nativo en zonas de la provincia como el Sur, Centro y Este es mínima. En otros sectores del territorio como en las Sierras o en el NO, los bosques están empobrecidos y amenazados como consecuencia de incendios forestales, el avance de la urbanización, el corrimiento de la frontera agropecuaria y las especies exóticas invasoras. La legislación nacional y provincial que pretende frenar el desmonte y proteger las masas forestales remanentes es antigua y variada, sin embargo no ha logrado ser totalmente efectiva para frenar de manera notable las tasas de deforestación, con la consecuente devaluación de los servicios que brindan los bosques.

La perdida de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques nativos a la sociedad, ha sido motivo de preocupación a nivel internacional principalmente teniendo en cuenta el rol en la fijación de carbono atmosférico, la biodiversidad que sostienen y las actividades culturales que de ellos dependen. Entonces, la conservación y enriquecimiento de los bosques está incluida en la agenda ambiental internacional desde los años 70 y en particular en el Convenio Marco sobre Diversidad Biológica del cual Argentina es signataria.

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la participación de numerosas Organizaciones no Gubernamentales, en el año 2007 se sancionó la ley nacional 26.331 “PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS” reglamentada más de un año después en 2009. Los objetivos de la misma están expresados en su primer artículo: “La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos”. De acuerdo al mandato constitucional expresado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el estado nacional debe fijar estándares mínimos de protección para luego, las provincias dictar la norma complementaria más proteccionista.

Tanto la ley 26.331, su decreto reglamentario N° 91/2009 y las resoluciones de COFEMA encomiendan y brindan metodología para que las provincias instrumenten procesos participativos para el ordenamiento territorial de los bosques existentes. Clasifican a las masas forestales en tres categorías: zonas de muy alto valor de conservación (rojas), que no debe transformarse, ameritando su persistencia a perpetuidad; zonas de mediano valor de conservación (amarillo), sujeto a actividades de restauración, que podrá ser sometido a un aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación; y zonas de bajo valor de conservación (verde), que puede transformarse parcialmente o en su totalidad. Además, la norma fija los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos y los servicios ambientales; crea un fondo para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan los bosques; y establece que debe garantizarse el derecho a la información en materia ambiental a todos los ciudadanos, en especial a pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Así es como la provincia de Córdoba sancionó en 2010 la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y su decreto reglamentario 170/2011, luego de un debate no exento de controversias. Previo a esta norma, la ley provincial 9.219 de 2005 y el decreto 10/2005 hoy vigentes, prohíben el desmonte total dejando establecidos los términos de referencia para las intervenciones en bosques nativos.

Durante la discusión para el ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia quedaron enfrentadas dos posiciones antagónicas que muestran no solo intereses contrarios entre si, sino también valoraciones diferentes sobre le bosque nativo y los servicios que prestan. En palabras de Silvetti y col. (2012), la Ley OTBN expresa una alianza de poder consolidada históricamente entre los sectores hegemónicos del poder local y del poder político, quienes usan y construyen el marco institucional del Estado en su propio beneficio, sin importar los costos ambientales y sociales de tal modelo.

La ley 9.814 fue cuestionada porque no es más proteccionista que la ley nacional 26.331 particularmente debido a que a partir de los artículos 5 y 6 se permite el “aprovechamiento sustentable” en zonas rojas cuya definición incluye la producción de ganado, el rolado selectivo o de bajo impacto y la inclusión de pasturas exóticas. A su vez en el artículo 14 se propone considerar como categoría III (verde) a zonas estratégicas (plausibles de obras públicas o actividad minera) y en donde exista o pueda desarrollarse actividad productiva bajo riego, a pesar de que la zona en cuestión haya sido previamente considerada roja o amarilla. La Secretaría de Ambiente de la Nación, como autoridad nacional de aplicación de la ley 26.331, observó la incongruencia de estos artículos y la provincia debió dictar el decreto 113/2012 (recién publicado en el Boletín Oficial en agosto de 2013) en donde se difiere la aplicación de estos artículos al momento de la actualización del ordenamiento (por mandato de la ley nacional las provincias deben revisar los ordenamientos cada cinco años). En la actualidad se está discutiendo en el ámbito de la legislatura provincial un proyecto de actualización del ordenamiento (Expte. 20811/L/16) pero que no cumple con las resoluciones de COFEMA 230/2012, 236/2012 y 277/2014.

Otra norma de reciente sanción es la ley agroforestal, 10.467 que crea el Plan Provincial Agroforestal. Tiene por objetivo que cada predio público o privado de la provincia destinado a actividades agroganaderas posea un 2% cubierto de árboles nativos o exótico no invasores. Si bien no se conoce el texto del decreto reglamentario de la ley los aspectos más cuestionables de la misma son la superficie a forestar ya que un 2% resulta escaso para una provincia que ha perdido casi todo su bosque en las zonas agropecuarias y el uso de árboles exóticos no invasores ya que en la mayoría de los casos la naturaleza invasiva de las especies leñosas exóticas ha sido una cuestión de tiempo.

A nivel nacional la aplicación de la ley nacional de OTBN ha tenido resultados positivos en términos de planes de conservación y planes de manejo aprobados y financiados y se ha informado  una disminución en las tasas anuales de deforestación por ecoregión. Sin embargo en la provincia de Córdoba se siguen produciendo desmontes en zonas rojas y amarillas y la presión sobre el bosque nativo remanente no ha cesado.

Bibliografía

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 2016. Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Informe de estado de implementación 2010 – 2015. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y planes alcanzados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Morales Lamberti y Novak, A. 2005. Instituciones del Derecho Ambiental. Segunda Edición. M.E.L. Editor.  Córdoba.

Silvetti, F; Soto, G., Caceres, D. y Cabrol, D. 2013. ¿Por qué la legislación no protege los bosques nativos de Argentina? Conflictos socioambientales y políticas públicas Mundo Agrario, vol. 13 (26):

Vera, A. 2017. Aportes legales para la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba. https://www.accesoambiental.net.ar.

Zak, M. R.; Cabido M.; Cáceres D. M. y Díaz S. (2008). What drives accelerated land cover change in central Argentina? Synergistic consequences of climatic, socio-economic and technological factors. Environmental Management, 42 (2), 181-189.